Los vínculos políticos se fueron desgastando. Año tras año, los desacuerdos siguieron en ascenso. Dos papeleras comenzaron a instalarse en las orillas de la frontera natural de dos vecinos: Argentina y Uruguay. La potencial contaminación de las productoras de celulosa fue el eje de los desencuentros entre uno y otro. Desde ese momento, el conflicto diplomático entre ambas naciones se desató, creció y generó asperezas entre sus poblaciones.
Fue el 3 de octubre de 2003 cuando vecinos de la ribera argentina del río Uruguay advirtieron la instalación de una planta de la española Empresa Nacional de Celulosa (Ence) en la localidad uruguaya de Fray Bentos, frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú. Por este motivo, la Cancillería argentina emitió un comunicado en el que expresaba “preocupación” por el tema. Bajo las órdenes del ex presidente Néstor Kirchner, el entonces canciller Rafael Bielsa comenzó a seguir con atención el asunto. Esta primera inquietud argentina sería el detonante del ya conocido “conflicto por las papeleras” cuando seis días después el gobierno del presidente uruguayo, Jorge Batlle, autorizó la instalación de Ence en Fray Bentos.Como el proyecto fue autorizado unilateralmente por el gobierno uruguayo, ese país no había respetado el Estatuto del Río Uruguay, un tratado bilateral de 1975 por el cual se reglamentó la administración compartida del recurso fluvial. A través de informes periódicos de las autoridades uruguayas a las argentinas, el gobierno uruguayo se comprometió a principios de 2004 a controlar tanto la instalación como el funcionamiento de la planta de Ence. Los informes no se concretaron. Y al año siguiente, la polémica fue aún mayor cuando Batlle autorizó de forma unilateral la construcción en Fray Bentos de una nueva planta, días antes de que asumiera su reemplazante Tabaré Vázquez. La finlandesa Botnia, segundo productor mundial de celulosa en el mundo, invirtió u$s 1100 millones en su edificación.
En 2005, la Corporación Financiera Internacional (CFI) -el brazo financiero del Banco Mundial- divulgó un estudio preliminar de impacto social y ambiental del proyecto de Botnia, en el que señaló que no preveían efectos negativos para la Argentina. Pero eso no detuvo a los vecinos en Gualeguaychú, ya que el 2 de enero de 2006 iniciaron los bloqueos sobre el puente hacia Fray Bentos. Ese primer corte duraría 45 días. Mientras tanto, las obras continuaban. Luego de desencuentros ente los dos presidentes para negociar una salida a la controversia, el 4 de mayo de 2006 la Argentina demandó a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por violación del Estatuto del Río Uruguay. Hasta que la Corte no se pronunciara sobre la cuestión de fondo, la CIJ decidió no dar lugar al pedido cautelar de Argentina para que Uruguay frenara la construcción de ambas plantas. A fines de 2006, la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú inició un nuevo bloqueo por tiempo indeterminado. El 21 de noviembre de 2006, el Banco Mundial aprobó el otorgamiento del crédito a la empresa Botnia por un total de u$s 170 millones. Aunque con un compromiso de continuar con sus trabajos en el país, Ence decidió alejarse de la zona de conflicto, y le comunicó al gobierno uruguayo que su proyecto en Fray Bentos quedaba descartado.
“Vamos a vivir con conflictividad hasta que falle La Haya”, afirmaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando fue electa en 2007. Ese mismo año, Tabaré Vásquez firmó en la Cumbre Iberoamericana el decreto que habilitaba el funcionamiento de Botnia, que opera desde hace un año y diez meses.
El corte de tránsito de la ruta 136 -camino que lleva al puente internacional General San Martín- fue testigo en 2008 de dos años de presencia sostenida en ese camino por los asambleístas de Gualeguaychú. Además de los cortes de las rutas 135 y 136, las protestas contra Botnia también se trasladaron a la capital, centralizándose en Buquebus y en las embajadas de Uruguay y de Finlandia.
Actualmente, la delegación argentina expuso sus argumentos en la reapertura del juicio por la papelera en La Haya, donde reclamó que se cambie de lugar la planta papelera Botnia y denunció la violación del tratado internacional. La larga disputa ambiental y política que no se pudo remediar por la vía de la negociación bilateral encuentra un proceso judicial en su último tramo, y se espera que a principios de 2010, encuentre su etapa de resolución.
El fracaso de la mediación del Rey
En el marco de la XVI Cumbre Iberoamericana en Montevideo, el ex presidente Néstor Kirchner le pidió que al rey Juan Carlos de España que interviniera en el conflicto. Fue así como en noviembre de 2005 designó al facilitador Yáñez Barnuevo, embajador de España ante las Naciones Unidas, para acercar posiciones y mediar entre ambas naciones. Entre 2006 y 2007, Barnuevo visitaría en tres oportunidades el Río de la Plata. Y en abril de 2007, se produce la primera reunión técnica entre las partes en Madrid para definir cuatro ejes para continuar el diálogo: la localización de la pastera, la posible contaminación, los cortes de ruta y la aplicación del Estatuto del Río Uruguay. Un año más tarde, durante la XVII Cumbre Iberoamericana y en presencia del rey de España, la tensión que generaba el conflicto subió un nuevo escalón. El tema de las papeleras fue introducido por Tabaré Vázquez en dicha Cumbre. Para la Argentina, Uruguay no tenía voluntad de diálogo. Para Uruguay, era indispensable que la Argentina levantara los cortes de ruta para poder retomar el diálogo. Más allá de la misión aceptada por la Casa del Rey española para mediar en el conflicto, las negociaciones entre los dos países y el facilitador para acercar posiciones fracasaron.
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